Según la información que aparece en la página web de ACAM (www.acam.es) que corresponden a una de las muchas asociaciones que giran en la esfera próxima a la SGAE, en las próximas semanas se aprobará la orden ministerial que regula la copia privada sobre los soportes digitales –el llamado canon digital- según manifestó el día 23 de abril nuestro recién elegido ministro de cultura Cesar Antonio Molina.
En esta orden ministerial se regularán los soportes y las cuantías de dicho canon.
Según muchos de los que llevamos años pendientes de esto desde que entró en vigor el actual texto refundido y su última ley de modificación, se trata de una herramienta de hace 20 años para tratar un problema actual.
Además lo primero que tengo que decir es que no estoy en contra del mismo, que soy heredero de socio de la SGAE y de AIE y, además, jurista con algo de experiencia en el mundo de la Propiedad Intelectual.
Es normal que si se nos da una excepción a los derechos de los autores como es la copia privada, tendremos que por el menoscabo que sufren pagar por esa permisividad siempre que se obtenga de los puntos que la Ley incluye como fuentes legales, etc., etc.
El problema es el secreto en su gestión y la forma de repartición y que además se cede a unas empresas privadas que según prescripción legal no tienen ánimo de lucro –en teoría y siempre en mi humilde opinión- y otro que el negocio de la música desde el punto de vista de los autores y de las entidades de gestión intenten solventar su problema de haberse quedados anclados en el tiempo por medio de un canon que no beneficia a la mayoría de ese colectivo.
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