Buenos y frios dias a todos,
El pasado viernes se aprobó en el Consejo de Ministros la nueva revision de la Ley de Economía Sostenible, os dejo el enlace para que os la descargueis.
Lo que viene a establecer es que la Comisión de Propiedad Intelectual (como recordareis, órgano dependiente del Ministerio de Cultura, y, por tanto, no sujeto a los principios de imparcialidad o independencia) la posibilidad del cierre o retirada de contenidos de una página web cuando dicha comisión estime las siguientes causas, siempre y cuando se entienda que se trata de un prestador de servicios de la sociedad de la información según los conceptos de la LSSICE:
1.- Ánimo de lucro, directo o indirecto.
2.- Pretenda causar un daño patrimonial.
Vamos que pueden cerrar una web tipo megaupload o rapidshare pese a que ellos no son los que cargan los contenidos en la misma, ya que pueden tener ánimo de lucro (versiones premium a sus usuarios).
Por otro lado, se ha conseguido que las resoluciones tengan que ser refrenadas por los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo, teniendo que autorizar, mediante auto, la ejecución de la resoluciones adoptadas para que se interrumpa la prestación de servicios de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual.
Es decir, que no sólo no se puede recurrir como una sentencia, sino que cabe recurso de súplica, llevándose a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional decida otra cosa de oficio o a instancia de parte (art. 79 Ley Jurisdicción Contencioso-Administrativa) en un plazo de 5 días desde la notificación de la resolución impugnada.
Después de esto parece que el mecanismo adoptado de nuevo por el ejecutivo ha llegado a establecer un procedimiento demasiado rápido como para ser seguro, se está asimilando el cierre a una medida cautelar.
Para poder impugnar tales resoluciones, luego habrá que acudir ante la la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, igual que otras entidades como la AEPD.
Me parece que todavía a este nuevo documento hay que darle un par de vueltas ya que por una supuesta ayuda a los autores se puede estar poniendo un grave freno a la iniciativa empresarial, además de poder vulnerar otros derechos.
1 comentario:
Esta mecha que ha encendido el anteproyecto de ley de economía sostenible en la red, no debemos permitir que la apague o ningunee el poder y sus prosélitos, pues están en juego derechos fundamentales. La propiedad intelectual no lo es, por mucho que lo proclame a los cuatro vientos el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Se quiere (si la ciudadanía no lo impide, pues no podemos confiar en los políticos, ya sean de babor o estribor) hacer una ley ad hoc, para defender a un colectivo retrogrado en perjuicio de la colectividad, sin darse cuenta que lo que hoy les beneficia, mañana les puede perjudicar como simples ciudadanos.
No debemos quedar callados ante tamaña tropelía, tenemos que actual, mañana puede ser tarde.
Llamada de auxilio a la red
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